Ante la gravedad de la crisis económica, evidentemente no provocada por los trabajadores y trabajadoras, tanto el Gobierno Central como los de la mayoría de las CCAA han procedido a una drástica reducción del déficit público basada en recortar los recursos de los servicios públicos de educación y sanidad asi como de los demás sistemas de protección social. En nombre de la crisis, se está produciendo un brutal ataque al sistema público educativo; en este año 2011 se prevé, para el conjunto del Estado, una reducción de alrededor de 2.000 millones de euros en los presupuestos educativos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Estos recortes tendrán consecuencias muy graves en la educación y la formación de muchos miles de niños, niñas y jóvenes de nuestro país y harán prácticamente imposible el logro de los nuevos objetivos educativos europeos para el 2020.
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